CUADERNOS DE EDUCACIÓN.

Por Ricardo López



El acuerdo de Tomé, declaraciones de diversos dirigentes concertacionistas, la convocatoria al 24º Congreso de los comunistas y de dirigentes del Juntos Podemos, así como de diversas organizaciones sociales, han puesto sobre la mesa la necesidad de discutir y lograr consensos en torno a una idea fuerza: “lograr un gobierno de nuevo tipo”.



En la retina puede quedar una imagen: el desalojo de la derecha del poder ejecutivo de la república, pero resulta obvio que para las fuerzas más progresistas y democráticas no se puede tratar de una estrategia tipo Allamand, en la cual el desalojo fue sólo eso, un gobierno con nuevas caras para continuar administrando un mismo tipo de política, la neoliberal. De lo que se trata es de impulsar un acuerdo que logre constituir un gobierno de nuevo tipo, y eso significa un gobierno que tenga la voluntad política, con el apoyo del pueblo, de proponer e implementar un nuevo programa de gobierno que cautele los intereses más caros de la sociedad chilena en su conjunto y, en particular, de los trabajadores y excluidos de las oportunidades del desarrollo de la nación.



Dicho lo anterior quisiéramos exponer un conjunto de medidas programáticas – para este gobierno de nuevo tipo- que aborden la cuestión de la Educación Superior en Chile.



El propósito es abrir un análisis y discusión, con todos los sectores que se manifiesten a favor de un gobierno de nuevo tipo, en torno a medidas programáticas respecto de la Educación Superior en nuestro país.



La primero que es necesario abordar es la dicotomía entre lo “positivo y lo normativo”: desde que Pinochet inició el desmantelamiento de la Educación Pública - casi 30 años- se nos ha bombardeado con la noción de que lo positivo (aquello que es) es lo único que debe ser considerado, la ortodoxia neoliberal nos impone no pensar, analizar, ni siquiera discutir en términos normativos, es decir en aquello que queremos que sea.



La dictadura, a partir del decreto de autofinanciamiento (1981) creó un aquello que es, la educación superior ya no es más pública y, si existe interés privado, el Estado debe abstenerse de intervenir En resumen, la educación superior – en términos positivos- comenzó a ser privada.



El desmantelamiento de las Universidades Nacionales (Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado) reafirmó este dato objetivo y posibilitó el desarrollo de lo que hoy tenemos: un mercado de la educación superior, abierto, sin restricciones éticas ni legales, para ejercer comercio con fines de lucro en esta actividad.



Las ideas que propondremos son sólo un punto de partida para iniciar una discusión abierta, participativa y democrática.



PRIMERA IDEA: DETENER EL CRECIMIENTO INORGÁNICO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR HASTA QUE NOS DEMOS UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD EN EL SECTOR.



Hoy tenemos un total de 177 de instituciones de Educación Superior, donde el 75% de las matrículas están copadas por instituciones privadas. Este crecimiento, obviamente, ha logrado una mayor cobertura, pero también, obviamente, ha significado un gran decrecimiento de la calidad.



Según el Instituto Libertad y Desarrollo – defensor de la educación privada- el 81% de las instituciones privadas están clasificadas como de baja complejidad, es decir, de mala calidad.



Esta situación que se repite en países que han imitado el modelo chileno, como Perú, han obligado a que dichos gobiernos nieguen la posibilidad de entrada a nuevas instituciones, como una forma de frenar la pendiente negativa en la curva de calidad de la educación superior.



Proponemos no sólo detener el proceso de entrada de nuevas instituciones, sino también el de evitar el fenómeno de concentración privada que se viene observando en los últimos meses, en donde grupos económicos privados internacionales compran, sin restricción alguna, a instituciones privadas de este “mercado” (Grupo Laureate, dueño de Universidad Andrés Bello, de la Universidad de Las Américas y recientemente de la Universidad de Viña del Mar)



SEGUNDA IDEA: CAMINAR HACIA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.



Esta idea está cruzada por varios aspectos y necesariamente tiene una dimensión en el tiempo.



Proponemos analizar la forma en que el Estado retome su papel de Estado Docente, es decir de garante y asegurador de una educación de calidad y disponible para todos los jóvenes de Chile, independiente de su condición socioeconómica.



En primer lugar se trata de derribar uno de los enclaves autoritarios de Pinochet y terminar con la política de autofinanciamiento de las Universidades Públicas.



Educación Superior Pública:



En una primera etapa, proponemos crear tres áreas de funcionamiento de las instituciones de educación superior: una primera – y con trato preferencial – el del área pública, en la cual el Estado disponga de un presupuesto tal que asegure el ingreso y la calidad a los jóvenes que ingresen en este sistema.



Este sistema público de educación superior debe ser fortalecido, no sólo en términos de recursos sino también en términos de institucionalidad, y por ello sometemos a discusión la posibilidad de renacionalizar la educación superior reconstituyendo las universidades nacionales: Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado y renacionalizando el Instituto Nacional de Capacitación (INACAP) para que se constituya en el eje público de la formación técnica superior.



Un sistema público como el que proponemos debe dar cuenta de necesidades específicas del desarrollo del país, no sólo en términos de calidad sino también en términos de pertinencia.



Sólo un sistema público considerará en sus proyectos las externalidades positivas y negativas que la actividad de educación genera sobre el conjunto de la sociedad.



Las externalidades positivas, como la menor cantidad de cesantes ilustrados, los menores índices de drogadicción y delincuencia, el mayor involucramiento de jóvenes y docentes en áreas de interés para el país, tienen un costo para la sociedad en su conjunto: es necesario – como dicen los economistas - asignar precios “sombra” a estas externalidades para una correcta evaluación de los proyectos que la sociedad financie en este sistema público.



Del mismo modo, las externalidades negativas que los privados no consideran en su evaluación de rentabilidad, deben tener asignados “costos sombra”: la apatía, el no compromiso, la no pertinencia, la falta de ética y profesionalismo, entre otras.



Un sistema público como el que proponemos debe prestar especial atención a la dotación de competencias en la formación de personas críticas, por ello la formación temprana en investigación es una actividad ineludible de este sistema.



La innovación, cuestión por todos considerada ineludible para el desarrollo de un país, se inicia con la formación de profesionales críticos, abiertos y sólo la formación en investigación nos dotará de una reserva de creadores, en caso contrario deberemos seguir vendiendo materias primas y comprando ideas y tecnología.



El sistema público de educación superior deberá considerar, por sobre todo, los intereses nacionales, de nuestra sociedad en su conjunto, y por ello debiera incorporar en el análisis y decisiones a todos los actores involucrados, que podríamos llamar “partes interesadas”, es decir, la comunidad universitaria, las familias, los empresarios, los formadores de opinión, los creadores de conocimiento, el Estado.



El actual sistema, y que el nuevo gobierno pretende consolidar, sólo considera los intereses de los inversionistas en educación.



Educación Superior Privada-Pública:



Esta área, conformada por Universidades tradicionales de carácter privado pero que han jugado y juegan un gran rol en el desarrollo de la educación superior en Chile, es necesaria para dar una mirada crítica al desenvolvimiento de las universidades del sistema público.

En efecto, que el sistema público tenga una contraparte para evaluarse es muy necesario, dada la velocidad de los cambios tecnológicos y del saber humano en distintas áreas. Las Universidades Católicas, la Universidad Técnica F.Santa María, la Universidad de Concepción, entre otras, han prestado un gran aporte al desarrollo del sistema universitario en todas sus funciones: docencia, investigación y extensión,y deben seguir prestándolo. Por ello ésta área de la Educación Superior debe tener financiamiento del Estado y será necesario desarrollar una política y protocolo de financiamiento a este tipo de instituciones. En relación con el área de formación técnica superior el DUOC puede jugar perfectamente el rol de contraparte y evaluación del trabajo de INACAP en esta función.



Educación Superior Privada:



La educación superior privada debe ser despojada de la hipócrita declaración de actividad sin fines de lucro.

Todos sabemos que las universidades privadas intentan el lucro, que no se trata de una actividad ajena a las variables del mercado. Que estas universidades crean sociedades ad-hoc para recibir los frutos del lucro, llámense inmobiliarias u otras.

Este sector no debiera recibir ningún apoyo ni subsidio del Estado, por el contrario, como se trata de una actividad que afecta a la fe pública, deberían pagar un impuesto que garantice el cumplimiento de lo que están ofreciendo a nuestros jóvenes.

Este sector de la educación superior debería estar fuertemente controlado y supervisado por el Estado, sobretodo en relación a aquellas carreras que influyen estratégicamente en el desarrollo del país: pedagogías, medicina, ingenierías, entre otras.



Por la defensa de la educación pública:



Es menester volver a considerar a la educación como un derecho, donde el Estado asuma las responsabilidades pertinentes, y que la educación deje de ser una mercancía.

El actual gobierno ha iniciado una ofensiva donde se pretende sellar la privatización total de lo que queda de educación pública.

Las universidades y centros de educación superior no son un problema reservado a quienes estudian y trabajan en ellos, sino de todos los chilenos.

Un gobierno de nuevo tipo deberá incorporar en su plataforma programática la visión de todos los sectores no neoliberales. Esto es a lo que invitamos a conversar, consensuar y proponer al país: Una educación pública potente, de calidad, que forme a los constructores del mañana.