Por GUSTAVO QUINTANA
Publicitada inicialmente como una reforma para producir un cambio revolucionario en la calidad de la educación, el conocimiento de su texto indica que se trata sólo de profundizar el modelo neoliberal de educación instalado por la dictadura, con todo el lastre autoritario e ideológico impuesto por ella.
Los aspectos principales de este modelo, vigente por cerca de 30 años, se acentúan en la reforma propuesta, y sus objetivos actuales pueden sintetizarse en lo siguiente:
* Aceleración del proceso de liquidación de lo que queda de educación pública (municipal) , que debiera caracterizarse por ser gratuita , permitir el acceso de todos a una educación de calidad y ser capaz de entrega r, bajo el control y el financiamiento del Estado, iguales oportunidades a todos los estudiantes . *.Intensificación del lucro, como factor preponderante, y de la acción del mercado como rector de todo el sistema educacional , con el consiguiente aumento en la desregulación de todo el sistema y el deterioro de calidad en especial para la inmensa mayoría de los niños y jóvenes * Profundización de la segregación social en la educación básica y media (los mejores profesores y las mejores condiciones de estudio para los colegios privados y/o “ de excelencia”, que no cubren más del 10 % del total de los alumnos ). Además, en este mismo cuadro, sólo un 30% de los estudiantes, en su gran mayoría de los sectores de mayores ingresos, tendrían acceso a la educación preescolar.
¿Qué propone la ley y cuán lejos se encuentra de constituir un cambio profundo en la educación?
La ley mezcla proposiciones que aparentemente constituyen modificaciones profundas en la calidad y la equidad de la educación(becas para estudiantes que ingresen a estudiar pedagogías con puntajes de 600 puntos o más , 50 liceos de excelencia que reúnan el 70% de los mejores estudiantes del sistema municipalizado ), con modificaciones tendientes a consolidar el modelo neoliberal ( modificación del estatuto docente ,modificaciones curriculares) y con medidas que en principio nadie puede objetar (mejoramiento de las condiciones de jubilación de profesores con más de 30 años de trabajo, acceso al nivel más alto de remuneraciones a los 10 años de carrera, en lugar de los 30 )
Analicemos en primer lugar si el número de estudiantes que serían becados , y que debieran formar esta nueva elite de profesores, es suficiente para asegurar una educación de mayor calidad al conjunto de los estudiantes chilenos en un lapso de 15 años (supongamos 1800 becas anuales ,el triple del número de estudiantes con 600 puntos. que hoy se matriculan en pedagogía). Si bien la calidad de los nuevos profesores aseguraría un recambio de calidad para la generación que debe jubilar en el transcurso de estos 15 años y, sin duda, sería superior a la de la gran cantidad de quienes están egresando, de universidades , escuelas e Institutos no acreditados y de establecimientos acreditados de calidad insuficiente, que muchas veces otorgan títulos a través de cursos por correspondencia, persiste la duda si los marcos de la ley permite formarlos en cantidad suficiente para alcanzar a todos los estudiantes en el lapso de tiempo señalado . Para estimar muy aproximadamente las necesidades de recambio, o los vacíos a llenar, consideremos tres factores : el destino probable de los nuevos profesores, la magnitud del número de profesores en edad de jubilar, y la falencia de profesores en el sistema , para poder asegurar una educación de la misma calidad para todos los estudiantes. En la actualidad, y en el caso de las pedagogías , una cifra del orden del 67% de los que ingresaron a estudiar pedagogía ya sea abandonan sus estudios antes de egresar(40%) o abandonan la educación dentro de los 4 años posteriores a su egreso, por encontrar posibilidades de trabajo más estables y con mejores remuneraciones fuera de la educación. ( La ley no propone ni una carrera académica estable y atractiva ni expectativas materiales comparables con las de las principales carreras universitarias, manteniéndose la valoración del profesor como un profesional de segunda categoría). Evidentemente parece altamente probable que profesores con mejor formación tiendan a emigrar, neutralizando parcialmente uno de los pocos objetivos de la ley que apuntan en la dirección correcta. La magnitud del número de profesores en edad de jubilar se estima en la actualidad en 7000 y al final del período presidencial bordearía los 15000 .Todos ellos, profesores que en su mayoría sólo esperan una proposición digna para hacerlo, proposición que figura en la ley Si además consideramos el déficit en profesores de pre-básica ( 70%) , y los nuevos profesores que sería necesario contratar para mejorar las condiciones de enseñanza (por ejemplo, limitar a 30 el número de estudiantes por sala ), el objetivo de mejorar la calidad sólo alcanzaría efectivamente a una parte de los estudiantes y la equidad , en los marcos de la ley, sería prácticamente imposible, con lo cual el sello de la segregación continúa marcando el modelo. . Lo estrecho de los márgenes de la ley, que hacen prácticamente imposible asumir como objetivos el mejorar la calidad de una educación al alcance de todos los estudiantes, indica falta de voluntad política para asumir la educación como un derecho fundamental y como elemento estratégico para el desarrollo del país . y sólo se comprende la urgencia de hacer aprobar esta ley, casi sin discusión, por otros objetivos presentes claramente en la ley .
Así, desconociendo que la causa del fracaso está en el modelo, modelo que no es utilizado en la inmensa mayoría de los países desarrollados con mayor nivel educacional (con sistemas muy estructurados , con el Estado como tronco central de él), se culpabiliza al profesor como responsable principal del fracaso, y la ley se centra principalmente en modificar el estatuto docente y en tener mayores atribuciones para reprimir a los profesores.
Junto a esto se trata de legitimar el modelo con los pequeños avances en la prueba Pisa, que después de 30 años de aplicación ubican a Chile entre el 44º y el 49 º lugar (entre 65 países de la OCDE e invitados) y se pretende introducir la falacia que con este magro resultado Chile lidera la educación en América latina. Quien haya leído el Nº 14 –año 4 del Boletín de Educación habrá constatado que Cuba, que no es miembros de la OCDE ni invitado a participar en esa prueba , sino por el contrario, en pruebas tomadas por Unesco en los países de América latina tiene efectivamente , y por un gran margen , el mejor rendimiento en esta parte del mundo.
Ya asegurado que los sectores de mayores ingresos mantendrán una calidad de educación superior a la del resto de los niños y jóvenes de Chile ( segregación consolidada), entre las proposiciones de la ley que realmente interesan a la alianza destacan las modificaciones al estatuto docente, en lo que se refiere a profesores, directores y modificaciones curriculares. Se otorgan mayores atribuciones a los sostenedores de colegios que estén más vinculados a los aprendizajes de sus alumnos (¿? ), los que tendrían autonomía de crear y administrar sus propios sistemas de evaluación que complementen los mecanismos establecidos en el estatuto docente. De esta forma se pretende darle más autonomía al sostenedor para tener una evaluación más ad hoc a sus necesidades.
Estas proposiciones, como lo plantea Jaime Gajardo , presidente del colegio de profesores , amplía los potenciales de despido y somete a los profesores a una doble evaluación , sin control y sin mecanismos que aseguren la objetividad.
En cuanto a la evaluación de los profesores y las desvinculaciones producto de ello, se retrocede. Así la desvinculación actual, producto de evaluaciones insuficientes por tres veces seguidas, se puede adelantar disminuyendo a sólo dos la condición de insuficiencia y, además, haciéndola extensiva a tres evaluaciones consecutivas de un desempeño básico. Igualmente se incluye como causal el no respetar el reglamento interno del colegio y hacer uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo de seis meses en un período de dos años
En las proposiciones para la designación de nuevos directores y la selección de los nuevos profesores se ignora condiciones indispensables para una educación de calidad, como el equilibrio entre el director y los profesores. Administrador y gestor el primero, el papel de expertos en educación corresponde a los profesores, y sólo un funcionamiento armónico entre ambos elementos y una participación conjunta en las grandes decisiones del colegio puede asegurar su éxito.
En la ley, por el contrario, una parte de los nuevos directores (un 25% del total ) serían seleccionados por un organismo similar al de alta dirección pública y tendría como requisito indispensable estar en posesión de un magister en la función que desempeñaran(¿ ) aun cuando seguirían siendo nombrados por el alcalde entre una terna que este organismo le presentaría. Su renta aumentaría sensiblemente y tendría la potestad de desvincular hasta el 5% de los profesores por año, potestad ésta que quiebra la posibilidad de trabajo armonioso entre director y profesores
La selección de los nuevos profesores exige, además de su título, la rendición de una prueba de conocimientos (prueba Inicia) sin otro requisito para alguien que no tiene ninguna experiencia (como sería, por ejemplo, la evaluación de su equilibrio emocional , de su aptitud para enfrentar crisis o su ascendiente sobre los jóvenes estudiantes). Su remuneración, por otra parte, estaría en función de los resultados en esta prueba de conocimiento, creando, desde su ingreso, una situación potencialmente conflictiva frente a un cuerpo de profesores que sí tiene experiencia, pero donde los niveles de renta no aparecen claramente en concordancia con los de los nuevos profesores.
En suma, se deterioran las condiciones de trabajo en los colegios municipalizados, un escalón más en el deterioro de lo que queda de la educación estatal.
En resumen, los objetivos inmediatos más claros se pueden resumir en:
- Desregulación del sistema de educación para facilitar una verdadera razzia entre los profesores , en primer lugar, entre los más activos del colegio de profesores y ahuyentar a profesores y alumnos de los colegios municipalizados. - Se perfilan cuatro sistemas diferentes con diferentes capacidades para desvincular a los profesores. - Colegios privados no subvencionados con licencia absoluta para despedir. - Colegios privados subvencionados con mayores libertades para despedir y para lucrar.
- Una parte de los colegios municipalizados(75%) con el tipo de dirección anterior a la ley, con más causales de licenciamiento. - Colegios municipales con el nuevo tipo de dirección con derecho a licenciar anualmente hasta al 5% de los profesores.
MODIFICACIONES CURRICULARES, “LA GUINDA DE LA TORTA”
La obsesión de reemplazar la calidad por indicadores, que no constituyen por si solos una evaluación absoluta del éxito de un sistema educativo, lleva al absurdo de disminuir el estudio de disciplinas fundamentales para la formación de los jóvenes(Historia, Ciencias Sociales , Artes), para disponer de más tiempo para machacar disciplinas que son evaluadas directamente por esos indicadores. Se empobrece así torpemente la formación de los estudiantes, despreciando instantes en la vida del niño donde existen, usando los métodos y la psicología apropiadas, potencialidades de aprendizaje de la lengua materna y de las matemáticas con rendimientos superiores a los que se dan posteriormente, y todo esto sin salirse del mundo lúdico propio de la infancia.
La verdad es que opera una tentación ideológica perversa, pues los sectores que detentan el poder niegan siempre los conflictos pendientes con nuestra Historia , (‘no vivamos en el pasado, miremos el futuro’), a pesar de que la realidad nos recuerda con cierta regularidad su existencia. Hace algunos meses, con el pueblo mapuche , en este mes, con los pascuenses reprimidos y golpeados allí donde son los únicos habitantes legítimos y, paralelamente en estos días en Paris, con el juicio abierto a militares chilenos por la desaparición de cuatro franceses , víctimas del régimen de Pinochet.
En resumen esta ley no es ni revolución ni pálida reforma, sino una sucia operación política para continuar implantando un modelo dogmático que asegure que el conocimiento y la capacidad profesional continúen siendo un privilegio de la elite del poder.
Por Ricardo López
El acuerdo de Tomé, declaraciones de diversos dirigentes concertacionistas, la convocatoria al 24º Congreso de los comunistas y de dirigentes del Juntos Podemos, así como de diversas organizaciones sociales, han puesto sobre la mesa la necesidad de discutir y lograr consensos en torno a una idea fuerza: “lograr un gobierno de nuevo tipo”.
En la retina puede quedar una imagen: el desalojo de la derecha del poder ejecutivo de la república, pero resulta obvio que para las fuerzas más progresistas y democráticas no se puede tratar de una estrategia tipo Allamand, en la cual el desalojo fue sólo eso, un gobierno con nuevas caras para continuar administrando un mismo tipo de política, la neoliberal. De lo que se trata es de impulsar un acuerdo que logre constituir un gobierno de nuevo tipo, y eso significa un gobierno que tenga la voluntad política, con el apoyo del pueblo, de proponer e implementar un nuevo programa de gobierno que cautele los intereses más caros de la sociedad chilena en su conjunto y, en particular, de los trabajadores y excluidos de las oportunidades del desarrollo de la nación.
Dicho lo anterior quisiéramos exponer un conjunto de medidas programáticas – para este gobierno de nuevo tipo- que aborden la cuestión de la Educación Superior en Chile.
El propósito es abrir un análisis y discusión, con todos los sectores que se manifiesten a favor de un gobierno de nuevo tipo, en torno a medidas programáticas respecto de la Educación Superior en nuestro país.
La primero que es necesario abordar es la dicotomía entre lo “positivo y lo normativo”: desde que Pinochet inició el desmantelamiento de la Educación Pública - casi 30 años- se nos ha bombardeado con la noción de que lo positivo (aquello que es) es lo único que debe ser considerado, la ortodoxia neoliberal nos impone no pensar, analizar, ni siquiera discutir en términos normativos, es decir en aquello que queremos que sea.
La dictadura, a partir del decreto de autofinanciamiento (1981) creó un aquello que es, la educación superior ya no es más pública y, si existe interés privado, el Estado debe abstenerse de intervenir En resumen, la educación superior – en términos positivos- comenzó a ser privada.
El desmantelamiento de las Universidades Nacionales (Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado) reafirmó este dato objetivo y posibilitó el desarrollo de lo que hoy tenemos: un mercado de la educación superior, abierto, sin restricciones éticas ni legales, para ejercer comercio con fines de lucro en esta actividad.
Las ideas que propondremos son sólo un punto de partida para iniciar una discusión abierta, participativa y democrática.
PRIMERA IDEA: DETENER EL CRECIMIENTO INORGÁNICO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR HASTA QUE NOS DEMOS UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD EN EL SECTOR.
Hoy tenemos un total de 177 de instituciones de Educación Superior, donde el 75% de las matrículas están copadas por instituciones privadas. Este crecimiento, obviamente, ha logrado una mayor cobertura, pero también, obviamente, ha significado un gran decrecimiento de la calidad.
Según el Instituto Libertad y Desarrollo – defensor de la educación privada- el 81% de las instituciones privadas están clasificadas como de baja complejidad, es decir, de mala calidad.
Esta situación que se repite en países que han imitado el modelo chileno, como Perú, han obligado a que dichos gobiernos nieguen la posibilidad de entrada a nuevas instituciones, como una forma de frenar la pendiente negativa en la curva de calidad de la educación superior.
Proponemos no sólo detener el proceso de entrada de nuevas instituciones, sino también el de evitar el fenómeno de concentración privada que se viene observando en los últimos meses, en donde grupos económicos privados internacionales compran, sin restricción alguna, a instituciones privadas de este “mercado” (Grupo Laureate, dueño de Universidad Andrés Bello, de la Universidad de Las Américas y recientemente de la Universidad de Viña del Mar)
SEGUNDA IDEA: CAMINAR HACIA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Esta idea está cruzada por varios aspectos y necesariamente tiene una dimensión en el tiempo.
Proponemos analizar la forma en que el Estado retome su papel de Estado Docente, es decir de garante y asegurador de una educación de calidad y disponible para todos los jóvenes de Chile, independiente de su condición socioeconómica.
En primer lugar se trata de derribar uno de los enclaves autoritarios de Pinochet y terminar con la política de autofinanciamiento de las Universidades Públicas.
Educación Superior Pública:
En una primera etapa, proponemos crear tres áreas de funcionamiento de las instituciones de educación superior: una primera – y con trato preferencial – el del área pública, en la cual el Estado disponga de un presupuesto tal que asegure el ingreso y la calidad a los jóvenes que ingresen en este sistema.
Este sistema público de educación superior debe ser fortalecido, no sólo en términos de recursos sino también en términos de institucionalidad, y por ello sometemos a discusión la posibilidad de renacionalizar la educación superior reconstituyendo las universidades nacionales: Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado y renacionalizando el Instituto Nacional de Capacitación (INACAP) para que se constituya en el eje público de la formación técnica superior.
Un sistema público como el que proponemos debe dar cuenta de necesidades específicas del desarrollo del país, no sólo en términos de calidad sino también en términos de pertinencia.
Sólo un sistema público considerará en sus proyectos las externalidades positivas y negativas que la actividad de educación genera sobre el conjunto de la sociedad.
Las externalidades positivas, como la menor cantidad de cesantes ilustrados, los menores índices de drogadicción y delincuencia, el mayor involucramiento de jóvenes y docentes en áreas de interés para el país, tienen un costo para la sociedad en su conjunto: es necesario – como dicen los economistas - asignar precios “sombra” a estas externalidades para una correcta evaluación de los proyectos que la sociedad financie en este sistema público.
Del mismo modo, las externalidades negativas que los privados no consideran en su evaluación de rentabilidad, deben tener asignados “costos sombra”: la apatía, el no compromiso, la no pertinencia, la falta de ética y profesionalismo, entre otras.
Un sistema público como el que proponemos debe prestar especial atención a la dotación de competencias en la formación de personas críticas, por ello la formación temprana en investigación es una actividad ineludible de este sistema.
La innovación, cuestión por todos considerada ineludible para el desarrollo de un país, se inicia con la formación de profesionales críticos, abiertos y sólo la formación en investigación nos dotará de una reserva de creadores, en caso contrario deberemos seguir vendiendo materias primas y comprando ideas y tecnología.
El sistema público de educación superior deberá considerar, por sobre todo, los intereses nacionales, de nuestra sociedad en su conjunto, y por ello debiera incorporar en el análisis y decisiones a todos los actores involucrados, que podríamos llamar “partes interesadas”, es decir, la comunidad universitaria, las familias, los empresarios, los formadores de opinión, los creadores de conocimiento, el Estado.
El actual sistema, y que el nuevo gobierno pretende consolidar, sólo considera los intereses de los inversionistas en educación.
Educación Superior Privada-Pública:
Esta área, conformada por Universidades tradicionales de carácter privado pero que han jugado y juegan un gran rol en el desarrollo de la educación superior en Chile, es necesaria para dar una mirada crítica al desenvolvimiento de las universidades del sistema público.
En efecto, que el sistema público tenga una contraparte para evaluarse es muy necesario, dada la velocidad de los cambios tecnológicos y del saber humano en distintas áreas. Las Universidades Católicas, la Universidad Técnica F.Santa María, la Universidad de Concepción, entre otras, han prestado un gran aporte al desarrollo del sistema universitario en todas sus funciones: docencia, investigación y extensión,y deben seguir prestándolo. Por ello ésta área de la Educación Superior debe tener financiamiento del Estado y será necesario desarrollar una política y protocolo de financiamiento a este tipo de instituciones. En relación con el área de formación técnica superior el DUOC puede jugar perfectamente el rol de contraparte y evaluación del trabajo de INACAP en esta función.
Educación Superior Privada:
La educación superior privada debe ser despojada de la hipócrita declaración de actividad sin fines de lucro.
Todos sabemos que las universidades privadas intentan el lucro, que no se trata de una actividad ajena a las variables del mercado. Que estas universidades crean sociedades ad-hoc para recibir los frutos del lucro, llámense inmobiliarias u otras.
Este sector no debiera recibir ningún apoyo ni subsidio del Estado, por el contrario, como se trata de una actividad que afecta a la fe pública, deberían pagar un impuesto que garantice el cumplimiento de lo que están ofreciendo a nuestros jóvenes.
Este sector de la educación superior debería estar fuertemente controlado y supervisado por el Estado, sobretodo en relación a aquellas carreras que influyen estratégicamente en el desarrollo del país: pedagogías, medicina, ingenierías, entre otras.
Por la defensa de la educación pública:
Es menester volver a considerar a la educación como un derecho, donde el Estado asuma las responsabilidades pertinentes, y que la educación deje de ser una mercancía.
El actual gobierno ha iniciado una ofensiva donde se pretende sellar la privatización total de lo que queda de educación pública.
Las universidades y centros de educación superior no son un problema reservado a quienes estudian y trabajan en ellos, sino de todos los chilenos.
Un gobierno de nuevo tipo deberá incorporar en su plataforma programática la visión de todos los sectores no neoliberales. Esto es a lo que invitamos a conversar, consensuar y proponer al país: Una educación pública potente, de calidad, que forme a los constructores del mañana.
Las culpas o responsabilidades son adjudicadas, recíprocamente, desde un lado hacia otro, desde un gobierno a otro.
Incluso, en un intento quizás desesperado por encontrar la causa de tanta inconformidad, crisis y desgracia, se ha personificado este cúmulo de aparente mala suerte en lo que comúnmente se conoce como una “yeta”.
Si abandonamos la especulación y la superstición, no podemos encontrar estas causas sino en el modelo económico que nos rige, instaurado por la dictadura pero mantenido sin discusión por los gobiernos posteriores, incluido por cierto el actual.
Si profundizamos un poco más, debemos reconocer que la responsabilidad radica en la sociedad en la cual convivimos, vale decir, en todos nosotros.
La dictadura llegó a sangre y fuego, pero los gobiernos posteriores no.
Los 81 presos de la cárcel de San Miguel, gente que delinquió pero que no estaba condenada a muerte, fueron víctimas del modelo. Es aquí donde se desmoronan los argumentos basados en la “puerta giratoria” y en quienes propugnan el concepto “tolerancia cero”, vale decir, se desmoronan los argumentos basados en la represión.
No se trata de defender lo indefendible, los delincuentes tendrán que estar en la cárcel, pero debemos abocarnos a solucionar el fondo del problema.
Chile ocupa el tercer lugar en Sudamérica en densidad de presos, con 305 de reclusos por cada 100 mil habitantes, después de Guayana Francesa y Surinam, y el número 33 en el mundo. Construyendo más cárceles y aumentando la represión no se resuelven de manera real los problemas que aquejan a nuestra sociedad.
La represión al Pueblo Mapuche y Rapa Nui es algo que nos debe invadir de vergüenza. No la hacemos nosotros, pero la hacen quienes fueron por nosotros puestos en el gobierno.
Otra expresión del Chile neoliberal son los empleados públicos luchando en la calle por sus justas reivindicaciones. Lo hacen también funcionarios municipales y los trabajadores del Ferrocarril Metropolitano de Santiago, quienes el recién pasado 5 de diciembre paralizaron completamente sus servicios por primera vez desde su inauguración en el año 1975.
Lo mencionado hasta aquí está pasando o ya pasó.
Lo que viene nos concierne a todos, pues afecta la Educación Pública. El proyecto Lavín sobre reforma a la educación ya ha sido formulado. Este proyecto tiene una componente claramente elitista y privatizadora de la educación, funcional al modelo económico imperante, pero por sobre todo apunta a cercenar los derechos de los principales trabajadores de la educación, a saber, los profesores.
Vemos como muchos liceos municipales comienzan a cerrar sus puertas por falta de recursos, sin que el Estado asuma la responsabilidad de protección de la educación, principalmente, para los más desposeídos.
La conclusión es clara y consistente con el fortalecer la tendencia a que sólo exista educación privada. Las fuerzas sociales constituidas por estudiantes, apoderados, profesores, académicos de la educación superior y funcionarios, podremos parar estas nefastas intenciones en la medida que tengamos la disposición y la organización para hacerlo.
¿Hasta cuándo se podrá sostener este modelo económico causante de tanta insatisfacción en la población?, es una cuestión no fácil de responder.
Los partidos de la Concertación por la Democracia han estado planteando la necesidad de ampliar este bloque opositor con el propósito de derrotar a la Derecha en las elecciones venideras.
Por otra parte, el XXIV Congreso del Partido Comunista de Chile, culminado el recién pasado domingo 12 de diciembre en un acto multitudinario en el Teatro Caupolicán, estableció en su resolución principal, la necesidad de una convergencia entre todos los partidos de oposición para la conquista de un gobierno de nuevo tipo, el cual no sólo tendrá la misión de desplazar a la Derecha, sino que también deberá superar las características neoliberales que estuvieron presentes en los pasados gobiernos de la Concertación.
Por cierto que éste no será un gobierno socialista, pero tampoco podrá ser una réplica de los gobiernos posteriores a la dictadura. El mencionado acto de culminación de este congreso partidario, contó con la presencia de destacados dirigentes de la Concertación, razón por la cual las expectativas de una convergencia opositora al actual gobierno de derecha son grandes. Sólo queda esperar que esta convergencia también se reproduzca de manera transversal en las organizaciones sociales, para que después de tantos años este nefasto modelo económico neoliberal, al menos en nuestro país, tenga que batirse en retirada.