Otra de las medidas de carácter manifiestamente neoliberal es la creación de un sistema único de créditos y becas, que estaría destinado a favorecer la demanda, es decir, los estudiantes recibirían el aporte económico para luego decidir en qué institución estudiar. Con esto, el Estado se desentendería de la regulación de la educación y de su financiamiento, dejando a las universidades la responsabilidad de adecuar su funcionamiento con el propósito de captar estos recursos económicos de manos de los potenciales estudiantes. Como consecuencia natural, el mercado estaría determinando el quehacer universitario, llegando a ser cada vez más funcional al modelo económico neoliberal.
En todo caso, el Presidente Piñera desmintió que la eventual reforma universitaria tuviera la intención de disminuir los recursos para las universidades públicas. El punto es que cada vez se hacen menos creíbles las promesas del presidente. Se han cumplido 100 días del gobierno de la derecha y las promesas de menor cesantía y de mayor crecimiento no sólo no se han cumplido sino que van en la trayectoria opuesta. A la cesantía estructural del sistema neoliberal es necesario agregar la cesantía política causada por los despidos masivos en el aparato del Estado, perpetrada por los ministros-empresarios del gobierno. Contra su promesa de campaña, entre otras, Piñera ha avalado el despido de miles de trabajadores del Estado, siendo más fuerte que el cumplimiento de su palabra, el dogma neoliberal de empequeñecer el Estado hasta su mínima expresión. Por otra parte, el último informe del Banco Central ha corregido a la baja la estimación de crecimiento de la economía chilena para este año 2010. Es necesario recordar que tanto el cumplimiento del programa de Piñera como el financiamiento de la reconstrucción se financiarían con cargo a sólidos crecimientos del PIB, por ello podemos esperar que muchas otras promesas no se cumplan y suframos durante cuatro años de este estilo de gobernar que, en estos poco más de 100 días de gobierno, hemos ido conociendo.
Por otra parte, Piñera ha desplegado un gran número de acciones conducentes a definirse como un político de centro. Para ello no escatima medios, juega a usar el lenguaje de la Concertación y retoma sus banderas, lo que incluso le trae conflictos con la UDI, el sector más duro de la alianza. Exhibe un populismo como el de Lavín, yéndose a dormir con los damnificados por el terremoto y las lluvias, y viendo partidos de fútbol públicamente en diversas ciudades del país. No obstante, hay una frontera que no pasa, la que va del dicho al hecho. Cuando las medidas propuestas llegan a la fase de su concreción, se diluyen en el tiempo y los montos, como está ocurriendo con los jubilados y la eliminación de la parte de sus sueldos que va a FONASA. Los prometidos seis meses de postnatal, que después de tantos anuncios contradictorios está quedando poco menos que en nada o casi peor que antes. Como ya hemos señalado, también los despidos inconsiderados de los empleados públicos, negados al principio por la propia presidencia, que ahora se han desatado. A esto se agrega un desorbitado afán por la privatización que en estos momentos amenaza a la salud.
Desde un comienzo Sebastián Piñera ha tratado de cortar el cordón umbilical que lo une a la dictadura. Comenzó declarando que había votado por el NO en el Plebiscito, y ha continuado haciendo gestos como los mencionados. La designación del ministerio mostró claramente este afán por demarcarse de la línea política dura de la UDI, aún plenamente pinochetista. Luego, vino la alocución sorpresiva del embajador de Argentina y el de su hermano José Piñera, mostrando que este cordón umbilical sigue intacto, y que el monstruo no ha muerto. Tan sólo dormita con un ojo semiabierto dispuesto a saltar en el momento menos pensado.
Esta mirada hacia el centro, más que a un coqueteo, obedece a una necesidad y a un peligro. Piñera quebró la fórmula consagrada que les permitía a los poderes fácticos, en especial a los empresariales, mantenerse al margen de los vaivenes políticos, eludiendo la contingencia, sacando las castañas con la mano de la Concertación. Ahora se han hecho cargo de todo, abarcando la totalidad de las esferas del poder. Pero, políticamente, quedaron más expuestos. El triunfo electoral fue apenas el desplazamiento de un puñado de electores. Las encuestas demuestran que no ha ido más allá la adhesión a este gobierno y que la desaprobación hacia éste aumenta. El temor que los urge y apura es que sólo son cuatro años, y que estos cuatro años pasen con mucha pena para el pueblo de Chile y sin gloria para el gobierno. Y entonces, como dijo Longueira, las pretensiones políticas de la derecha se amaguen por largo tiempo.
Ricardo López
Fuente bibliográfica: La doctrina del shock, El auge del capitalismo del desastre. Naomi Klein, Ed. Paidos.
Osvaldo Fernández D.
Antecedentes históricos de las reformas universitarias.
Lo que sucedió el año 2007 en la Universidad de Valparaíso no fue un hecho aislado. Las anomalías que existieron durante el período del rector Riquelme se debieron tanto a circunstancias específicas como a una situación general. La pésima gestión del rector Riquelme, no era un hecho aislado, también ocurría con otros rectores en otras universidades. En este sentido, era más bien el síntoma de una crisis general del sistema de la educación superior en Chile. Detrás de los acontecimientos concretos que concernieron específicamente a la Universidad de Valparaíso, estaba el peso de las transformaciones que la dictadura había impuesto y dejado instaladas en las universidades chilenas, en su afán por privatizar el sistema educacional, dejarlo a merced del libre juego del mercado y de suprimir su carácter de función pública. Estas políticas siguieron funcionando durante el gobierno de la concertación, llegando por estos años a la evidencia de que el mercado no es capaz de regular un sistema de educación eficaz para nuestro país.
Por eso, porque la crisis que vivía la Universidad de Valparaíso respondía más bien a esta situación general, como hemos dicho, la remoción del Rector era tan sólo el primer paso de un proceso de transformaciones que debía venir.
Luego de la crisis que se vivió el 2007 y su solución que se logró gracias la intervención de toda la comunidad universitaria, en la cual los estudiantes tuvieron un destacado papel, aunque quizás sería mejor decir un papel motor, el proceso de rectificación que se fue afinando debía abarcar dos aspectos centrales:
a) Primero, la necesidad de un saneamiento financiero, administrativo, y judicial, que era imprescindible por las anomalías que se habían producido durante el período del rector Riquelme.
b) Y, segundo, un proceso de democratización, tanto o más necesario que el otro, por cuanto debía restablecerse la confianza y las garantías de que hechos semejantes no debían volverse a producir. Si las anomalías a que nos referimos tuvieron su origen en una forma de funcionamiento que privilegiaba la acción arbitraria de la autoridad unipersonal por sobre las colegiadas, a una falta de transparencia en la gestión universitaria que favorecía la impunidad, a una escasa o casi nula participación de la comunidad universitaria en la gestión política de la universidad, todo eso venía avalado por el sistema educacional vigente. Era la legalidad impuesta por la LOCE, la que había instalado e imponía un eje del poder que venía de arriba hacia abajo y con la casi anulación de los cuerpos colegiados, remitidos a una mera función consultiva.
.El proceso de democratización de la universidad fue un aporte que vino del poder constituyente que emergió durante aquellos acontecimientos. Me refiero al momento cuando los alumnos iniciaron un movimiento que después logró incorporar a los otros estamentos de la universidad. Se tuvo entonces la inteligencia de comprender que no todo terminaba con la remoción del Rector; que venía ahora un proceso de normalización que introdujera nuevas prácticas, diferentes de las existentes en ese momento, todo lo cual deberá en un futuro próximo ser refrendado por nuevos Estatutos orgánicos.
Por eso hoy estamos en un delicado período de transición entre una situación de hecho, que en muchos aspectos contradice la actualidad vigente que, en estos mismos aspectos, consideramos obsoleta. La triestamentalidad se ha instalado como modo de funcionamiento de la gestión universitaria. Así funciona el Consejo Académico; así funcionan ya algunos Consejos de Facultad, como el nuestro: así se hicieron las elecciones de directores de institutos; así debieran ser las futuras elecciones de decanos. Pero, como hemos dicho, todo eso es aun transitorio. Una situación de facto, que difícilmente puede ser sancionada legalmente. Ese importantísimo acto constitucional será la discusión, elaboración y votación de nuestros nuevos estatutos.
¿Cómo entender esta práctica de la democracia universitaria que llamamos triestamentalidad?
El principal aporte del movimiento que hubo en el año 2007 fue instalar en la Universidad de Valparaíso el principio de la triestamentalidad, como la modalidad de participación en la gestión colegiada y en la elección de las autoridades unipersonales: rector, decanos, directores de institutos. En este sentido, la triestamentalidad supone la participación conjunta de académicos, de estudiantes y de funcionarios no académicos, en la gestión de los cuerpos colegiados existentes, así como en la elección de sus autoridades.
La triestamentalidad debe ser entendida, en primer lugar, como la participación de una comunidad compuesta de tres partes distintas, y de disímiles intereses, en el ejercicio democrático de la gestión y desarrollo de la institución universitaria. En estos momentos, y por razones que tienen que ver con la pesada herencia de la dictadura, mantenida durante los gobiernos de la concertación, la participación viene de un punto cercano al cero, en que la democracia había quedado reducida a una mínima expresión cuando las universidades chilenas quedaron intervenidas y cauteladas por la dictadura. El sistema expresado por la LOCE no garantizaba la democracia, pues favorecía las decisiones unipersonales de las autoridades, y excluía los cuerpos colegiados de cualquier gestión de poder.
En lo relativo a la necesidad de democratizar la gestión, una práctica triestamental garantiza la participación de la comunidad. La garantiza en tanto los cuerpos colegiados son triestamentales y tienen capacidad de incidir en las decisiones más importantes relacionadas con el gobierno universitario, pero también igual efecto tiene la participación de toda la comunidad en la elección de las autoridades unipersonales, pues de esta manera ellas serían expresión de la voluntad soberana de toda una comunidad.
Pero esta apreciación general, casi de principio, supone la necesidad de que el voto sea ponderado, por algo que pertenece a la naturaleza misma de esta comunidad que reúne tres estamentos distintos, de distinta permanencia en la universidad, y de intereses también distintos. En efecto, dos estamentos son permanentes y uno es transitorio, en lo que se refiere a lo que es elaborar y aplicar medidas. El profesor está en la Universidad porque este es su desempeño principal como académico y permanecerá en ella, si le es posible, hasta su jubilación, y entre sus funciones está la docencia, la investigación, la gestión y la vinculación con el medio. El alumno, en cambio, viene a la universidad para formarse profesional y socialmente, allí adquiere una pluralidad de valores, pero una vez terminado el período de esta formación, se va. Su desempeño profesional lo hará fuera de la universidad. Por lo tanto la aplicación de las políticas quedará en los dos estamentos restantes, y principalmente en el de los profesores, sobre quienes recaerá el mayor peso de los requerimientos de la gestión universitaria.
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